Algo similar ocurre con los jubilados, que reciben ajustes automáticos semestrales. Aunque en este caso no es lo mismo el que gana la mínima, que tuvo, anteriormente, un aumento real, que aquellos que recibían jubilaciones superiores, licuadas, en estos años, por falta de ajuste, o mal cálculo de la base, y cuyo nivel de ingresos depende de fallos judiciales y del cupo anual que establece Anses, para cumplir con tales fallos.
Para el resto de los trabajadores, empresarios, profesionales, sus ingresos reales están en función del particular mercado en que actúan, no sólo por cuestiones de índole micro, local o global, como debería ser, sino por la multiplicidad de tipos de cambio, retenciones a la exportación, impuestos y restricciones a la importación, subsidios, controles de precios, tasas de interés negativas, prohibiciones de atesorar dólares, entre otras.
Obviamente, no hay que olvidar la variable empleo, cuya recuperación, también desde el dramático piso del 2002, resulta innegable y la clave del voto oficialista. (Si no tenía trabajo y ahora lo tengo, la ganancia en términos reales, a pesar de la inflación, es cuasi infinita). Aunque a medida que se aleja el recuerdo del desempleo, el deterioro salarial cobra más importancia.
Volviendo a la inflación, cuando el impuesto inflacionario es relativamente bajo, la dispersión en la evolución de los ingresos de estos diferentes grupos, más allá de las otras intervenciones estatales, es baja. Pero cuando la tasa de inflación es alta, los precios e ingresos relativos se descalabran, y la dispersión entre ingresos, dado todo lo demás, es muy elevada. Dispersiones elevadas e “injustas” dan lugar a situaciones sociales cada vez más complejas que generan, claramente, conflictos crecientes.
Y estos conflictos, esta semana, han sacado a la luz, viejos problemas.
En efecto, cuando la Argentina tiene crisis fiscales, se inventa la “solución” de pagar, en el sector público, aumentos salariales que no se computan como salario. En el caso presente de las Fuerzas Armadas y de seguridad, para eludir las leyes que obligan a pagar a los retirados, cierta proporción fija del salario de quienes están en actividad.
Lo mismo ocurre en el sector privado, cuando, en contextos inflacionarios, pero simultáneamente recesivos, y con problemas de competitividad derivados, precisamente de la alta inflación y de la caída del tipo de cambio real, se inventa pagar “montos no remunerativos”.
El sector público, para no subir el gasto, elude la ley y, a la vez, para que se puedan aumentar los salarios privados, pero sin incrementar más los costos laborales, le permite también eludir la ley. Pero esta solución dura poco. En el caso del sector público, lentamente los damnificados, empiezan a presentar acciones judiciales para que sus salarios o jubilaciones se ajusten a las leyes. En el caso del sector privado, se aprovecha alguna mejora de la economía o una explosión inflacionaria/ devaluatoria, para reacomodar los conceptos salariales, en el momento en que no implican un aumento de costos intolerable.
Los gobiernos de turno pagan ilegalmente, hasta que los jueces los limitan institucionalmente. De allí, entre otros motivos, la vocación de algunos gobiernos por destruir la independencia de los jueces. Y los privados, tanto dirigentes empresarios como sindicales, pagan ilegalmente, sabiendo que, en algún momento, tendrán que “blanquear” la situación.
Por supuesto, con tasas bajas de inflación y entornos menos “dispersos” en materia de ingresos estas “soluciones” duran más tiempo.
En alta inflación, en cambio, con la injusta y aleatoria dispersión de los ingresos, aquellas soluciones de ayer, se transforman en los problemas de hoy.
Por lo tanto, mientras no se ataquen los temas de fondo vinculados con la alta inflación, el zafarrancho fiscal y monetario y la baja competitividad, habrá cada vez más problemas y menos soluciones.
http://www.perfil.com/ediciones/2012/10/edicion_717/contenidos/noticia_0015.html
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