Un conflicto que en los últimos tiempos contribuyó a empañar aún más las
relaciones de nuestro país con Uruguay afortunadamente parece haber perdido
entidad. Se encuentra vinculado a la concesión del dragado del canal Martín
García, cuyo concedente es la Comisión Administradora del Río de la Plata
(CARP), ente binacional integrado por nuestro país y la República Oriental del
Uruguay.
La controversia se originó en un presunto intento de soborno ventilado en su
momento por el embajador itinerante del gobierno uruguayo, Julio Baráibar, que
habría involucrado a diplomáticos de ambos países para favorecer a la actual
empresa concesionaria. Sin embargo, el canciller oriental, Luis Almagro, y el ex
embajador en Buenos Aires Francisco Bustillo, actual presidente de la delegación
uruguaya en la CARP, desmintieron la existencia de un intento de soborno.
Tras sus primeras declaraciones ante una radio, Baráibar presentó su renuncia
-luego rechazada por el presidente José Mujica- en la que sostuvo que sus dichos
fueron un error y que "no involucran en forma alguna" a los gobiernos de la
Argentina y Uruguay. Además, los hechos, luego desmentidos, se remontarían a dos
años atrás, circunstancia que aumenta las dudas acerca de su veracidad, al no
haber sido objeto de denuncia o investigación en el momento oportuno para
hacerlo.
De todos modos, el episodio generó una denuncia en nuestro país, que recayó
en el juzgado federal de Claudio Bonadio. El fiscal Federico Delgado impulsó la
investigación, cuyo futuro se torna incierto ante las sucesivas desmentidas de
la diplomacia uruguaya. Como en toda obra pública de envergadura, en las obras
de dragado suelen enfrentarse fuertes intereses económicos y no es infrecuente
que las millonarias licitaciones terminen con denuncias. Por eso, no debe
descartarse que el entredicho haya sido magnificado por alguno de esos intereses
en pugna.
En efecto, cuatro grandes empresas procuran quedarse con la próxima
licitación para profundizar el dragado del canal Martín García: Dredging
International, Van Oord; Jan de Nul y Boskalis. Esta última empresa holandesa es
la que participó en la obra de dragado de profundización original del canal, que
a través de su subsidiaria Riovía, es la actual concesionaria que se encuentra a
cargo del mantenimiento de la vía navegable desde 1997 y que aspira entonces a
continuar siéndolo. A diferencia de la concesión de la hidrovía bajo
jurisdicción exclusiva de la Argentina, que ha sido objeto de diversos y
fundados cuestionamientos por sus sucesivas y poco transparentes
renegociaciones, la concesión del canal Martín García no había registrado hasta
ahora denuncia o reproche alguno, por lo que es sugestivo que la denuncia de un
intento de soborno deslizada en medios de prensa uruguayos, presuntamente
acaecido hace más de dos años, trascienda sólo ahora en momentos en que tendrá
lugar un nuevo proceso de adjudicación de la concesión para una mayor
profundización del canal y su posterior mantenimiento.
Para Uruguay es de primordial importancia que el canal permita el tránsito de
buques de mayor calado, pero en Montevideo existen recelos que indican que la
Argentina no comparte esa voluntad porque esas obras beneficiarían a los puertos
uruguayos. El contrato del actual concesionario finalizaba en enero pasado, pero
como no había tiempo para convocar a un concurso de precios, se decidió
prorrogarlo, como ya se había hecho en 2006. Las sospechas de corrupción,
negadas por Uruguay, obviamente son susceptibles de perjudicar a Boskalis al
implicar a su subsidiaria Riovía, beneficiando en cambio a sus competidores.
La Argentina y Uruguay tienen demasiado en común como para ensanchar las
grietas circunstanciales. Nuestro gobierno está en deuda con Montevideo en
materia comercial y en el cuidado de elementales principios diplomáticos. Es de
esperar que los intereses encontrados de las empresas que compiten por mejorar
la navegabilidad del Río de la Plata no alimenten enfrentamientos contrarios a
una larga hermandad..
Publicado en La Nacion
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