Jubilaciones compulsivas, rescisión de contratos, emisión de bonos, ventas de activos financieros o de inmuebles. Antes de sorprender ayer a propios y extraños anunciando la voluntad de adherir a la ley de emergencia económica y financiera de la Nación, el equipo del gobernador bonaerense, Daniel Scioli, pasó una semana frenética buscando opciones para sortear la crisis provincial.
En los últimos días, hubo más de tres borradores de proyectos de ley de emergencia provincial. Salieron de la Gobernación rumbo a la Legislatura y otros despachos, en busca de consenso. Tuvieron poca suerte.
La opción que generó la negativa más enfática de parte del kirchnerismo fue la posibilidad de sacar a la venta inmuebles de la provincia para obtener fondos frescos, como anticipó LA NACION el sábado.
"Podrá realizar [vender] los activos del Estado provincial a valor de mercado. Asimismo, podrá ofrecerlos en garantía", decía uno de los párrafos de ese borrador, según testigos de la tensa reunión que el viernes compartieron una comitiva sciolista encabezada por el jefe de Gabinete, Alberto Pérez, y las autoridades de ambas cámaras de la Legislatura: el vicegobernador Gabriel Mariotto y el diputado Horacio González.
El sábado, al encabezar una conferencia de prensa, Scioli negó que la venta de bienes fuera una posibilidad. Anteayer, Mariotto volvió a lanzar una advertencia: "Vamos a trabajar desde el Senado provincial para conducir el pago de los aguinaldos y para que no se especule con los activos de la provincia", dijo.
Las otras dos alternativas rechazadas de plano tanto por el kirchnerismo como por la oposición fueron la posibilidad de jubilar compulsivamente a personal prescindible y de rescindir todo tipo de contratos. Ambas cláusulas se incluían en uno de los primeros borradores preparados por el sciolismo.
"No vamos a votar un ajuste", sostuvo el diputado kirchnerista Fernando "Chino" Navarro, que ayer responsabilizó a Scioli de "apresuramiento político, gestos equívocos y falta de rigor en la administración". En los últimos días, otros referentes del ala dura del oficialismo fueron más allá, al tildar de "recesiva" o "neoliberal" cualquier iniciativa sobre los salarios o las fuentes laborales.
Tanto en el kirchnerismo como en la oposición, sin embargo, no se negaron a analizar la posibilidad de contemplar jubilaciones anticipadas, siempre que fueran voluntarias.
Ayer, al anunciar la intención de adherir a la ley de emergencia nacional, Alberto Pérez aclaró que eso permitiría rever contratos con empresas. "Pero no laborales", enfatizó. Es que, según la fuentes, las jubilaciones podrían alcanzar a entre 5000 o 7000 retiros de oficio por edad y antigüedad, a los que se podrían sumar otros 20.000 agentes a partir de la agilización de los trámites previsionales.
La alternativa que generó dudas o rechazos tibios de parte del kirchnerismo fue la posibilidad de vender activos financieros, como los bonos Bogar. También hubo vacilaciones frente a la cláusula que permitía reprogramar el destino de préstamos ya concedidos o autorizados.
En cambio, la idea de unificar la administración de las empresas estatales fue bien recibida por el ala dura del oficialismo. No sólo por el ahorro que significaría, sino por un plus: facilitaría el control de los gastos publicitarios de Scioli, una obsesión de la Casa Rosada.
El kirchnerismo rechazó la idea de Scioli de emitir bonos, vender inmuebles o anticipar jubilaciones. Por Marcelo Veneranda | LA NACION
Publicado por lanacion.com.ar
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